La contundencia de las medidas de la OEA contra el nuevo gobierno de Honduras ha generado críticas de parcialidad, en comparación con la flaqueza del organismo cuando ha habido violaciones de la democracia en otros países.
Durante años grupos cívicos y de oposición han apelado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que actúe para frenar supuestos atropellos en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y ahora están atónitos por su intervención decidida en favor del depuesto presidente Manuel Zelaya en Honduras.
En Nicaragua, el obispo Bernardo Hombach contrastó la “beligerancia” de la OEAen el caso de Honduras con su silencio ante el “fraude” en los comicios municipales de noviembre.
Y en Venezuela, la oposición ha acusado a la institución de pasar por alto los abusos en ese país y ser “parcial” a favor del presidente Hugo Chávez.
Esas quejas también han resonado en los centros conservadores de Washington.
En declaraciones a Efe el costarricense Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, acusó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de “complacer a los países de la región que están en favor del proyecto bolivariano (de Chávez), porque depende de sus votos para su reelección”.
El político chileno afrontará la votación sobre su reelección como secretario general dentro de un año.
Zelaya, un empresario que llegó a la presidencia como candidato del Partido Liberal, de centro-derecha, y la promesa de combatir el crimen, se alió por sorpresa con Chávez una vez en el poder e integró a su país en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), donde también están Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y algunos países del Caribe.
Peter Hakim, director del Diálogo Interamericano y un analista más moderado que Hidalgo, también destacó que la OEA “ha tratado a Honduras de alguna forma como el peor violador de la democracia, mientras que no ha dado una respuesta similar frente a otros países miembros“.
En cambio, Peter DeShazo, un experto del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, en inglés) y ex “número dos” de EE.UU. ante la OEA, cree que si ese organismo no hubiese excluido a Honduras de sus filas “habría perdido mucha credibilidad”.
A su juicio, la reacción enérgica ocurrió “porque fueron las fuerzas armadas las que detuvieron y sacaron al presidente” de Honduras, lo que hizo recordar un pasado doloroso en América Latina y resucitó el temor de golpes de estado parecidos en otras capitales.
Si Zelaya no hubiera sido expulsado y el conflicto político continuara internamente, la OEA habría expresado su “preocupación”, pero nada más, dijo DeShazo a Efe.
En cambio, Hidalgo acusó a Insulza de dar señales “de que estaba del lado de Zelaya en las arbitrariedades que venía cometiendo” cuando estaba en Tegucigalpa, principalmente su intención de celebrar una consulta popular para abrir la puerta a su reelección que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo Electoral.
Al mismo tiempo, Hidalgo denunció “el silencio ensordecedor de la OEA ante los abusos a las instituciones democráticas en Venezuela, Bolivia y Ecuador”.
El organismo cuenta con menos poder para defender la democracia cuando quien la socava es el propio gobierno, pues un presidente destituido puede invocar la Carta Democrática Interamericana, pero no así la oposición, según Genaro Arriagada Herrera, ex ministro chileno y experto del Diálogo Interamericano.
Aún así, ese documento es valioso como punto de referencia, a juicio de DeShazo, pues establece “lo que son los elementos esenciales de la democracia”.
Y a juicio de Michael Shifter, otro analista de asuntos latinoamericanos, los miembros del ALBA no deberían frotarse las manos de satisfacción por el apoyo de la OEA a uno de ellos.
Sus acciones con respecto a Honduras sientan un precedente de dureza sobre violaciones de las normas democráticas que otros gobiernos con tendencias autoritarias podrían lamentar en el futuro.
César Muñoz Acebes/ EFE
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