El alcalde opositor de la capital venezolana perdió mucha de su autoridad. El alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país, se encuentra en la clandestinidad. Los soldados tomaron puertos y aeropuertos una vez controlados por los gobernadores opositores.
Foto: AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO
Los adversarios del presidente Hugo Chávez dicen que una serie de medidas tomadas por el líder socialista y sus aliados, incluyendo investigaciones por corrupción y cambios legislativos que socavan el poder de gobiernos regionales que controla la oposición, los ha puesto a la defensiva
Las medidas, dicen sus críticos, marcan la intención de Chávez de acumular más poderen un momento en que se siente alentado por su reciente triunfo en un referendo que eliminó los limites de reelección.
“Es un gobierno que se está haciendo cada vez más fuerte, alrededor de la figura del presidente, y se hace más represivo“, dijo Margarita López Maya, historiadora y académica de la Universidad Central de Venezuela.
El mandatario niega su participación en la serie de casos de corrupción contra sus adversarios e insiste en que muchos de ellos son “delincuentes” y “mafiosos” que deben responder ante la justicia.
“Estamos haciendo justicia, y la oligarquía que diga lo que quiera”, dijo Chávez durante una visita a China.
La más reciente acción que limita el poder de un opositor llegó el martes, cuando la mayoritariamente oficialista Asamblea Nacional debilitó al recientemente electo alcalde opositor de Caracas, arrebatándole sus oficinas y eliminando la mayoría de sus responsabilidades en materia de servicios para la ciudad. En cambio, la autoridad será transferida a un funcionario designado por Chávez para gobernar la capital.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien sustituyó a un aliado de Chávez, planea impugnar la nueva ley, que habría usurpado sus competencias, a través de un referendo.
Algunas de sus competencias anticipadamente fueron transferidas por el alcalde saliente Juan Barreto, quien entregó al gobierno federal la policía y el manejo de los hospitales capitalinos. La nueva legislación le quitó a Ledezma responsabilidades en materia de educación, salud y seguridad, y eliminó su competencia como coordinador en el Distrito Capital.
No está claro aún cómo la ley afectará el presupuesto de Ledezma. Ese es un asunto que debe decidirse próximamente. Pero podría perder los fondos federales ante la recién creada nueva autoridad de la capital.
Chávez defendió el derecho de crear una nueva autoridad para la capital por ser “absolutamente necesaria” y afirmó que los gobiernos municipales “van a permanecer intactos”.
Esa ley fue aprobada justo después que entró en vigencia una legislación que puso bajo control federal los puertos y aeropuertos, y el gobernante envió a las fuerzas para hacerse cargo de algunos de ellos.
La ley que le otorga al gobierno federal el manejo de autopistas, puertos y aeropuertos, afecta a todos los dirigentes locales, pero los principales políticos de oposición serán los más afectados, ya que anteriormente administraban algunos de los puertos más grande del país yya no recibirán ingresos por aranceles.
La Fiscalía también resucitó un caso por corrupción en contra del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y encarceló al ex ministro de Defensa, Raúl Baduel,acusado por una presunta sustracción de fondos durante su gestión luego de pasar a retiro y tomar distancia de las ideas del gobernante. En cambio hasta el momento ni un solo destacado político aliado de Chávez ha sido acusado de corrupción, a pesar de las muchas acusaciones de sus críticos.
El autoritarismo de Chávez aparentemente se ha incrementado y concentra más poder desde que salió victorioso el 15 de febrero en un referendo que eliminó los limites de reelección, indicó López Maya.
“El poder judicial está bajo el control del presidente, es decir, hace lo que el presidente quiere que haga“, comentó López Maya, quien añadió que las acusaciones de corrupción se utilizan para intimidar y debilitar a los enemigos del gobernante.
La Asamblea Nacional es dominada por el oficialismo desde un boicot opositor en las elecciones de 2005, y los adversarios del gobierno ya no confían de los tribunales en general al considerar que están bajo el dominio de Chávez.
Antes de entrar en la clandestinidad la semana pasada, citando acoso, Rosales dijo a la AP que los movimientos en contra de la oposición son una “cortina de humo” ordenada por Chávez para distraer a la opinión pública, en vista de la adopción de medidas impopulares para reducir los gastos debido a un fuerte descenso en los ingresos petroleros.
“No tiene pudor para mover sus hilos judiciales, para perseguir y criminalizar la disidencia”, agregó.
Rosales, el alcalde de Maracaibo, le arrebató el control de la segunda ciudad más grande que ostentaba un aliado de Chávez en las elecciones de noviembre.
Los candidatos del presidente ganaron la mayoría de los cargos a elegir, pero la oposición se apuntó el triunfo en cinco de los seis municipios capitalinos y ganaron la gobernación en tres de los estados más poblados y la alcaldía metropolitana de Caracas.
El Ministro de Comunicación Jesse Chacón negó cualquier esfuerzo del gobierno para reprimir o intimidar a la oposición.
Agregó que si la oposición no está de acuerdo con las leyes, deben impugnarlas ante el Tribunal Supremo.
En cuanto a Rosales, el ministro comentó que hay suficientes pruebas como para llevarlo a juicio, incluyendo casas y haciendas de lujo.
Rosales, quien fue derrotado por Chávez en los comicios presidenciales de 2006, rechaza los cargos y denuncia estar sometido a un “linchamiento político”.
Rosales pasó a la clandestinidad la semana pasada, una decisión que sus partidarios atribuyen al hostigamiento y el temor por su seguridad. Un tribunal de Caracas fijó para el 20 de abril una audiencia en la que decidirá si admite el cargo de corrupción y la petición de los fiscales de ordenar su detención preventiva.
Sin embargo, muchos partidarios de Chávez dicen que el presidente no está tratando de intimidar a nadie o anular el disenso.
“Existe una corriente de oposición completamente irracional, que se limita a tildar de inconstitucional cualquier iniciativa del gobierno y cualquier decisión de los poderes para luchar contra la corrupción, expresó el diputado oficialista Mario Isea. “Vamos a seguir luchando contra aquellos que, como Manuel Rosales se aprovechan de la confianza de la gente para robar y enriquecerse”.
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Denuncian acciones de Chávez contra la oposición
Por JORGE RUEDA - El periodista de AP Ian James contribuyó en este reporte
Copyright 2009 The Associated Press.
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